Información para pacientes sobre Trastorno Mental Grave

TRASTORNO MENTAL GRAVE

Marco normativo y legal

Constitución Española de 1978

En el artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud. Además, en su artículo 49 insta a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada.

Ley General de Sanidad (Ley 14/1986)

Es la ley que da respuesta al requerimiento constitucional de “reconocimiento del derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en España, y establecer los principios y criterios que permitan conferir al nuevo sistema sanitario unas características generales y comunes que sean fundamento de los servicios sanitarios en todo el territorio del Estado”.

Características:

  • El eje del modelo son las Comunidades Autónomas.
  • Concepción integral de la salud
  • Promoción de la salud/prevención de la enfermedad
  • Participación comunitaria
  • Área de Salud como núcleo básico de los Servicios de Salud

Dentro de las orientaciones fundamentales de esta ley está la de promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente (Capítulo primero, art. 6).

Esta ley también recoge los derechos (Capítulo primero, art. 10) y obligaciones (Capítulo primero, art. 11) fundamentales de los usuarios, estando algunos apartados derogados y desarrollados por la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.

La Salud Mental tiene un capítulo específico (el Capítulo III del Título Primero), donde se expone como base “la plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y de la total equiparación del enfermo mental a las demás personas, potenciando la atención en ámbito comunitario y los recursos asistenciales ambulatorios e indicando que la atención en régimen de hospitalización si así se requiriera, se realice en unidades psiquiátricas de los hospitales generales”. Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario general cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios sociales, los aspectos de prevención primaria y la atención a los problemas psicosociales que acompañan a la pérdida de salud en general. (http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion
=iberlex&id=1986/10499
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Las Leyes de Salud de las distintas Comunidades Autónomas

Son las que se encargarán, junto con el Estado y demás Administraciones públicas competentes, de organizar y desarrollar todas las acciones sanitarias. Los diferentes estatutos tienen reconocidos amplias competencias en materia de sanidad.

Ley básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información de documentación clínica (Ley 41/2002 de 14 de noviembre). Esta ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica.
(http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion
=iberlex&id=2002/22188
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Resolución de Naciones Unidas 46/119 de diciembre de 1991 para la defensa de los derechos de los enfermos mentales.

En ella se reconoce el derecho a la no discriminación laboral, sanitaria, institucional y social de estas personas.

Declaración de Madrid de 1996

Desarrollada por Asociación Psiquiátrica Mundial, se señalan las directrices éticas que deben regir entre paciente y psiquiatra, evitando la actitud compasiva u orientada exclusivamente a evitar las lesiones a sí mismo o violencia a terceros.

El Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, establece las prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las personas por el Sistema Nacional de Salud. En concreto, incluye en uno de sus apartados, la atención a la salud mental y a la asistencia psiquiátrica, que abarca diagnóstico clínico, la psicofarmacoterapia y la psicoterapia individual, de grupo o familiar y, en su caso, la hospitalización.

Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Aprobada por el consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 11 de diciembre de 2006.

En este documento encontramos objetivos generales, específicos y recomendaciones que tienen como objeto la mejora de la prevención y asistencia del Trastorno Mental Grave, una de las líneas de atención prioritarias para el Ministerio. Así mismo, existen diversos planes comunitarios, que exponen líneas de desarrollo de la Salud Mental, e incluyen la atención al paciente con TMG.

Ley de Enjuiciamiento Civil y Código Civil: regulan dos procedimientos de interés en Salud Mental:

1. El “internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico” está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero). El artículo 763 concierne a Salud Mental, regulando dicho procedimiento. Se trata del internamiento de una persona que no esté en condiciones de decidir por sí misma por razón de su estado psíquico, como medida terapéutica necesaria indicada por personal facultativo, aplicada con criterios restrictivos y de la menor duración posible.

Dado que supone una privación del derecho fundamental de la libertad personal, la regulación está dirigida a garantizar, entre otros, dicho derecho, por lo que todo internamiento precisa de autorización judicial (la autorización será previa al internamiento, salvo que por razones de urgencia sea necesaria la adopción inmediata de la medida). Dentro de los plazos marcados por la ley, “el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado. En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados en el artículo 758 de la presente Ley”.

Se trata de un procedimiento civil y en virtud de motivos estrictamente médicos.
(http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion
=iberlex&id=2000/00323
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Existen varios protocolos publicados que exponen el procedimiento de internamiento involuntario. Aunque pueden diferir en algún punto en los distintos servicios de salud, la mayoría coinciden en líneas generales en los casos de urgencia: – Abordaje inicial por los servicios de Urgencias generales o de Atención Primaria (a petición de la familia o de personas cercanas que detecten una descompensación grave del paciente, sin que éste acepte abordaje de su situación clínica) – Con apoyo de fuerzas de seguridad si fuera necesario, y – Traslado a un hospital de referencia con urgencias psiquiátricas, donde se decide la procedencia o no del ingreso, siguiendo la normativa del artículo 763 de la LEC antes referido.

2. La Incapacitación Civil y la Tutela. La Incapacitación es el mecanismo jurídico previsto para aquellos casos en que enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico impiden a una persona gobernarse por sí mismo, teniendo como objetivo la protección de los intereses y derechos del incapacitado, tanto a nivel personal como con fin patrimonial. Su regulación jurídica se recoge en los artículos 199-214 y siguientes del Código Civil y 756 a 763 del Enjuiciamiento Civil. La declaración de incapacitación compete al Juez de Primera Instancia, en virtud de la comprobación de las causas que causan incapacidad. Son causa de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse a sí mismo (art. 200) y, en el caso de los menores, cuando dicha causa se prevé que persistirá después de la mayoría de edad (art. 201).

Están legitimados para iniciar el proceso de incapacitación:

  • – el cónyuge o descendientes.
  • – y en su defecto ascendientes o hermanos del presunto incapaz.
  • – el Ministerio Fiscal cuando las personas mencionadas no existieran o no la hubieran solicitado.

Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación.

La incapacitación de menores de edad, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.

Dicho proceso da lugar a una sentencia judicial, que determinará la extensión y los límites de esta, así como la tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.

  • – Tutela: necesitará la asistencia del tutor para cualquier actividad.
  • – Curatela: necesita de la asistencia del tutor sólo para aquellos actos que se establezcan en la sentencia.

La sentencia de incapacitación no impedirá, que sobrevenidas nuevas circunstancias, puedan dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación.

La tutela es consecuencia de un proceso de incapacitación, en la que se establece, y se constituye como un deber que se establece en beneficio del tutelado, siempre bajo la supervisión de la autoridad judicial. La tutela es una institución jurídica que tiene por objeto la guarda y protección de la persona y los bienes del incapacitado.

El tutor es el representante del incapacitado. Pueden serlo:

  • – El cónyuge, hijos, padres o hermanos.
  • – Cualquier persona física que considere idónea el Juez.
  • – Personas jurídicas sin ánimo de lucro, entre cuyos fines figure la protección de incapacitados. Entre estas personas jurídicas se encuentra la Comunidad Autónoma.

3. Otra Normativa sobre Incapacitación y Tutela:

  • – Creación de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos (Decreto 168/ 1998, de 6 de octubre).
  • – Protección Patrimonial de las personas con discapacidad (Ley 41/ 2003 de 18 de noviembre).
  • – Actualización de la Comisión es de Tutela y Defensa Judicial de Adultos (Decreto 13/ 2004 de 27 de febrero).

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Última actualización: noviembre de 2012

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