10.1. ¿Cuál es el procedimiento legal a seguir ante la negativa de una persona afectada de TCA a recibir un tratamiento?

Para recibir un tratamiento médico es preciso emitir un consentimiento después de conocer la información relativa al tratamiento, en virtud del artículo 10 del Código de Ética²⁴⁷ y de los artículos 4, 8 y 9 de la Ley 41/2002²⁴⁸.

Jurídicamente, el consentimiento informado es un acto personalísimo, intransferible e indelegable. No se trata de un acto jurídico formal y por ello no se regula por el código civil. Así pues, el consentimiento informado y personal del paciente es un derecho que siempre debe respetarse salvo en las excepciones expresamente previstas en las leyes.

Una de las excepciones es la falta de capacidad del paciente. La ley española permite al facultativo hacer las intervenciones clínicas indispensables aún sin consentimiento del afectado (artículo 9.2 Ley 41/2002)²⁴⁸ cuando exista un riesgo inmediato grave para su integridad física o psíquica, previa consulta a sus familiares o personas vinculadas al enfermo.

La aplicación de la Ley 41/2002²⁴⁸ prevé algunos supuestos excepcionales al consentimiento válido de un paciente de 16-17 años, pero ninguno de ellos es del ámbito psiquiátrico, por lo que se considerará mayoría de edad sanitaria a partir de los 16 años en el ámbito de aplicación de esta guía.

El tratamiento que requiera además internamiento (artículo 9.4 Código Ética)²⁴⁷ debe regularse por ley orgánica y con las garantías suficientes, puesto que es una excepción al derecho a la libertad de los artículos 17 de la Constitución española²⁴⁹ y 5 del Convenio de Roma, de 4 de noviembre, para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales²⁵⁰.

En los casos en que es indispensable la hospitalización completa sin contar con el consentimiento informado, el artículo 763 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil²⁵¹ determina que deberá cumplir con dos condiciones: que se trate de un trastorno psíquico y que el afectado no esté en condiciones de decidir por sí mismo.

Se pueden dar dos circunstancias:

a) solicitar primero la autorización judicial de internamiento involuntario,

b) ingresar primero al enfermo y comunicar el internamiento al juzgado que sea competente en un plazo de 24 horas.

En cualquier caso se trata de un procedimiento no contradictorio ante un tribunal, pudiendo el afectado expresar su conformidad o disconformidad por sí mismo y si lo desea mediante representación y defensa. El tribunal dictará autorización o denegación en forma de auto, que podrá ser susceptible de recurso de apelación. En el propio auto el tribunal expresará la obligación de los facultativos de informarle sobre la necesidad de mantener la medida cada seis meses, pudiéndose señalar un plazo inferior según el trastorno.

El alta de la persona internada corresponde directamente al facultativo, que deberá comunicarlo inmediatamente al tribunal.

Bibliografía

1. 247. Organización Médica Colegial. Código de ética y deontología médica. Revista del Consejo General de Colegios Médicos de España. 1999;(66):2124,2931.
2. 248. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Madrid: Boletín Oficial del Estado (BOE); núm. 274, de 15-11-2002. p. 40126-40132.
3. 249. Constitución española, de 6 de diciembre de 1978. Aprobada por las Cortes en Sesiones Plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el Pueblo Español en Referéndum de 6 de diciembre de 1978. Sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978.
4. 250. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, ratificado por España con fecha 26 de septiembre de 1979. Madrid: Boletín Oficial del Estado (BOE); de 10/10/1979. Revisado en conformidad con el Protocolo núm. 11 (Fecha de entrada en vigor 1 de noviembre 1998).
5. 251. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Madrid: Boletín Oficial del Estado (BOE); núm. 7, de 8/01/2000, p. 575-728. Corrección de errores BOE núm. 90, de 14-04-2000, p. 15278 y BOE núm. 180, de 28-07-2001, p. 27746.