Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria.

V. resumida | Info. Pacientes | Consulta rápida

  1. Introducción
  2. Alcance y objetivos
  3. Metodología
  4. Definición y clasificación de los TCA
  5. Prevención de los TCA
  6. Detección de los TCA
  7. Diagnóstico de los TCA
  8. Actuaciones en los diferentes niveles de atención en los TCA
  9. Tratamiento en los TCA
  10. Evaluación de los TCA
  11. Pronóstico de los TCA
  12. Aspectos legales relativos a personas afectadas de TCA en España
  13. Estrategias de detección, diagnóstico y tratamiento en los TCA
  14. Difusión e implementación
  15. Recomendaciones de investigación futura
  16. Bibliografía

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12. Aspectos legales relativos a personas afectadas de TCA en España

Preguntas para responder:

12.1. ¿Cuál es el procedimiento legal a seguir ante la negativa de una persona afectada de TCA a recibir un tratamiento?

12.2. ¿Es válido jurídicamente el consentimiento informado de un menor de edad afectado de TCA?

12.3. En el caso de un menor de edad afectado de TCA, ¿cómo se resuelve jurídicamente el dilema entre el deber de confidencialidad, el respeto a la autonomía y las obligaciones respecto a los padres o tutores legales del menor?

12.1. ¿Cuál es el procedimiento legal a seguir ante la negativa de una persona afectada de TCA a recibir un tratamiento?

Para recibir un tratamiento médico es preciso emitir un consentimiento después de conocer la información relativa al tratamiento, en virtud del artículo 10 del Código de Ética405 y de los artículos 4, 8 y 9 de la Ley 41/2002406.

Jurídicamente el consentimiento informado es un acto personalísimo, intransferible e indelegable. No se trata de un acto jurídico formal y por ello no se regula por el código civil. Así pues, el consentimiento informado y personal del paciente es un derecho que siempre debe respetarse salvo en las excepciones expresamente previstas en las leyes.

Una de las excepciones es la falta de capacidad del paciente. La ley española permite al facultativo hacer las intervenciones clínicas indispensables aún sin consentimiento del afectado (artículo 9.2 Ley 41/2002)406 cuando exista un riesgo inmediato grave para su integridad física o psíquica, previa consulta a sus familiares o personas vinculadas al enfermo.

La aplicación de la Ley 41/2002406 prevé algunos supuestos excepcionales al consentimiento válido de un paciente de 16-17 años, pero ninguno de ellos es del ámbito psiquiátrico, por lo que se considerará mayoría de edad sanitaria a partir de los 16 años en el ámbito de aplicación de esta guía.

El tratamiento que requiera además internamiento (artículo 9.4 Código Ética)405 debe regularse por ley orgánica y con las garantías suficientes, puesto que es una excepción al derecho a la libertad de los artículos 17 de la Constitución española407 y 5 del Convenio de Roma, de 4 de noviembre, para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales408.

En los casos en que es indispensable la hospitalización completa sin contar con el consentimiento informado, el artículo 763 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil409 determina que deberá cumplir con dos condiciones: que se trate de un trastorno psíquico y que el afectado no esté en condiciones de decidir por sí mismo.

Se pueden dar dos circunstancias:

  1. solicitar primero la autorización judicial de internamiento involuntario
  2. ingresar primero al enfermo y comunicar el internamiento al juzgado que sea competente en un plazo de 24 horas.

En cualquier caso se trata de un procedimiento no contradictorio ante un tribunal, pudiendo el afectado expresar su conformidad o disconformidad por sí mismo y si lo desea mediante representación y defensa. El tribunal dictará autorización o denegación en forma de auto, que podrá ser susceptible de recurso de apelación. En el propio auto el tribunal expresará la obligación de los facultativos de informarle sobre la necesidad de mantener la medida cada seis meses, pudiéndose señalar un plazo inferior según el trastorno.

El alta de la persona internada corresponde directamente al facultativo, que deberá comunicarlo inmediatamente al tribunal.

Recomendación

Según legislación vigente 12.1. Se recomienda el uso de la vía legal (judicial) en los casos que el profesional estime oportuno salvaguardar la salud del paciente, preservando siempre el derecho de éste a ser escuchado y convenientemente informado del proceso y de las medidas médicas y jurídicas que se aplicarán. El procedimiento bien informado no sólo es un acto respetuoso con el derecho a la información, sino que puede facilitar la cooperación y motivación del enfermo y su entorno en el procedimiento de hospitalización completa.
Legislación vigente

– Artículo 10 del Código de Ética y Deontología Médica, 1999. OMC, Revista del Consejo General de Colegios Médicos de España, 1999 (66): 2.124 y 2.931405.

– Artículos 4, 8 y 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, (BOE núm. 274, de 15-11-2002, pp. 40.126-40.132)406.

– Artículo 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, (BOE núm. 274, de 15-11-2002, pp. 40.126-40.132)406.

– Artículo 9.4 del Código de Ética y Deontología Médica, 1999. OMC, Revista del Consejo General de Colegios Médicos de España, 1999 (66): 2.124 y 2.931, sobre el respeto a la libertad del paciente y la posibilidad de solicitar la intervención judicial, en caso necesario405.

– Artículo 17.1 de la Constitución española de 6 de diciembre de 1978, sobre el derecho a la libertad y la prohibición a la privación de la libertad, excepto en los casos expresamente previstos por ley.Aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el Pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978. Sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978407.

– Artículo 5 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, ratificado por España con fecha 26 de septiembre de 1979, y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de octubre de 1979. Revisado en conformidad con el Protocolo núm. 11 (fecha de entrada en vigor 1 de noviembre 1998), según el cual las causas del internamiento no voluntario solo pueden regularse mediante ley408.

– Artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, regulando dos tipos: el internamiento no urgente y el internamiento urgente409.


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12.2. ¿Es válido jurídicamente el consentimiento informado de un menor de edad afectado de TCA?

El ordenamiento jurídico acepta la validez jurídica de la autonomía del menor según su grado de madurez de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/1996, de 15 de enero, que sitúa al menor como sujeto titular de derechos y no como un mero objeto de los mismos410.

El tratamiento legal (artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002) del consentimiento informado emitido por un menor tiene en cuenta condiciones objetivas (la edad) y subjetivas (la capacidad de discernir del paciente)406.

En general, a tenor de la reglamentación española, el facultativo debe oír al menor (artículo 10.6 del Código de Ética405 y artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002406) y hacer prevaler la voluntad de la familia en los casos en que éste no sea capaz, ni emocional ni intelectualmente, mediante el llamado consentimiento por representación, con las siguientes limitaciones legales:

  1. Es obligación del facultativo escuchar siempre a los menores mayores de 12 años y tener en cuenta su opinión de acuerdo con su grado de crecimiento y aptitud personales, participando en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario.
  2. A partir de los 16 años la ley entiende que el consentimiento debe ser prestado directamente por el enfermo en todos los casos, excepto en las situaciones de grave riesgo inminente para su salud, en las que el facultativo debe únicamente informar y escuchar la opinión de los padres.

Recomendación

Según legislación vigente 12.2. Uno de los síntomas característicos de los TCA y especialmente de la AN es la ausencia de conciencia de enfermedad. La propia enfermedad causa a menudo la falta de juicio suficiente para emitir un consentimiento válido y no viciado respecto a la aceptación y elección del tratamiento. Así pues, en los supuestos de riesgo grave para la salud de un menor maduro afectado por una AN que no acepte el tratamiento, deben utilizarse especialmente los cauces legales y judiciales previstos.
Legislación vigente

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Boletín Oficial del Estado, 17 de enero 1996 (núm. 0015)410.

- Artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE núm. 274, de 15-11-2002, pp. 40.126-40.132)406.

- Artículo 10.6 del Código de Ética y Deontología Médica, 1999. OMC, Revista del Consejo General de Colegios Médicos de España, 1999 (66): 2.124 y 2.931, sobre el respeto a la libertad del paciente y la posibilidad de solicitar la intervención judicial en caso necesario405.


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12.3. En el caso de un menor de edad afectado de TCA, ¿cómo se resuelve jurídicamente el dilema entre el deber de confidencialidad, el respeto a la autonomía y las obligaciones respecto a los padres o tutores legales del menor?

La controversia entre el conocimiento y autorización de los padres o representantes legales y el derecho a la intimidad y la confidencialidad del menor (artículo 7 de la Ley 41/2002)406, está presente en toda la regulación y no hay una única norma que sirva de guía al facultativo para la generalidad de casos. En general, la regulación opta por inspirarse en algunos principios generales sobre el respeto a la intimidad y el secreto profesional, y establecer algunos límites y excepciones al principio general.

El facultativo puede –según el artículo 16.1.d) del Código de Ética405– revelar el secreto previa autorización del paciente o sin la autorización de éste en los casos en que su silencio diera lugar a perjuicio al propio paciente u otras personas.

Asimismo, en una lectura amplia del tratamiento del menor en el código es importante que el médico tome en consideración su “opinión” de acuerdo con la edad y grado de madurez.

Recomendación

Según legislación vigente 12.3. El equilibrio necesario entre los diferentes derechos en conflicto obliga al facultativo a observar e interpretar la mejor solución en cada caso. No obstante, siempre es importante informar y escuchar atentamente ambas partes para que comprendan la relación entre la salvaguarda de la salud y la decisión tomada por el médico.

Legislación vigente

- Artículo 7 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE núm. 274, de 15-11-2002, pp. 40.126-40.132)406.

- Artículo 16 del Código de Ética y Deontología Médica, 1999. OMC, Revista del Consejo General de Colegios Médicos de España, 1999 (66): 2.124 y 2.931, sobre la excepción al secreto profesional del médico405.

- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE núm. 274, de 15-11-2002, pp. 40.126-40.132)406.

- Instrumento de ratificación del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina) firmado en Oviedo el 4 de abril de 1997. BOE núm 251 de 20 de octubre de 1999411.

- Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, ratificado por España con fecha 26 de septiembre de 1979, y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de octubre de 1979. Revisado en conformidad con el Protocolo núm. 11 (fecha de entrada en vigor: 1 de noviembre 1998)408.

- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8 de enero del 2000, pp. 575-728. Corrección de errores en BOE núm. 90, de 14-04-2000, p. 15.278 y BOE núm. 180, de 28-07-2001, p. 27.746)409.

- Sentencia 129/99 del Tribunal Constitucional sobre las condiciones de un internamiento no voluntario412.


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Bibliografía del apartado 12


  1. 405. Organización Médica Colegial. Código de Ética y Deontología Médica. Revista del Consejo General de Colegios Médicos de España. 1999;(66):2124,2931.
  2. 406. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Madrid: Boletín Oficial del Estado (BOE); núm. 274, de 15-11-2002. p. 40126-40132.
  3. 407. Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978. Aprobada por las Cortes en Sesiones Plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el Pueblo Español en Referéndum de 6 de diciembre de 1978. Sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978.
  4. 408. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, ratificado por España con fecha 26 de septiembre de 1979. Madrid: Boletín Oficial del Estado (BOE); de 10/10/1979. Revisado en conformidad con el Protocolo n° 11 (Fecha de entrada en vigor 1 de noviembre 1998).
  5. 409. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Madrid: Boletín Oficial del Estado (BOE); núm. 7, de 8/01/2000, p. 575-728. Corrección de errores BOE núm. 90, de 14-04-2000, p. 15278 y BOE núm. 180, de 28-07-2001, p. 27746.
  6. 410. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de Modificacion parcial del Codigo civil y de la Ley de Enjuiciamiento civil. Madrid: Boletín Oficial del Estado (BOE); núm 15, de 17/01/1996.
  7. 411. Instrumento de ratificación del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina) firmado en Oviedo el 4 de abril de 1997. Madrid: Boletín Oficial del Estado (BOE); núm. 251, de 20/10/1999.
  8. 412. Sentencia 129/99 del Tribunal Constitucional sobre las condiciones de un internamiento no voluntario.

Última actualización: abril 2009

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